El fiscal Alberca y unos humildes consejos sobre el ‘caso Odebrecht’

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Por Pedro ALBA

Ante la noticia publicada en el Diari d’Andorra que el próximo día 2 de octubre el fiscal general de Andorra, Alfons Alberca, visitará Perú para asistir a una reunión de fiscales de bastantes países con la finalidad de mejorar la eficacia de las comunicaciones entre Ministerios Públicos, quisiera aportar mi granito de arena facilitándole la labor a nuestro fiscal general para que se pueda “apuntar un nuevo  tanto” ante las autoridades del país anfitrión de la reunión, y de otros que, con toda probabilidad, asistirán al encuentro.

La sentencia del juez Moro en Brasil contra Odebrecht implica  a más de 20 bancos de diferentes países. En nuestro país, se señala solamente a BPA, calificada por la prensa local de diversos estados sudamericanos como la “entidad preferida por Odebrecht para pagar coimas a políticos corruptos” basándose en las actas del comité de prevención de blanqueo de capitales de BPA, secretas lógicamente, pero que han sido publicadas por medios escritos y televisivos de España y Sudamérica sin que hasta la fecha se haya abierto investigación alguna sobre la filtración “urbi et orbe” de las mismas (¿podría ser que le interesara a “alguien” tanta difusión contra BPA?).

Pues bien, resulta que en otra entidad financiera andorrana que tiene una filial en Uruguay (Crèdit Andorrà) entró a trabajar una persona que previamente había dirigido la filial uruguaya de BPA hasta su cierre. Dicho empleado hizo la misma gestión tanto en BPA como en Crèdit Andorrà, pero en Andorra sólo se ha criminalizado e investigado a BPA dejándose hasta la fecha al margen a la otra entidad financiera.

Uno de los clientes de Crèdit Andorrà (que antes lo fue de BPA) se llama Edwin Martin Luyo Barrientos, cuyo encarcelamiento por supuesta corrupción ha sido profusamente difundido en los medios de su país, publicando con todo lujo de detalle las transferencias y movimientos de sus cuentas contenidas en los informes de la Policía de Andorra (tampoco nadie aquí, que yo sepa, ha investigado dicha filtración a los medios). Dicho cliente ingresó un dinero en BPA, y cuando el antes citado director de BPA-Uruguay entró a trabajar en Crèdit Andorrà-Uruguay se llevó a su cliente a la nueva entidad obteniendo de ésta la conformidad de su departamento de compliance (cumplimiento normativo).

Otro cliente que operó a través de Crèdit Andorrà resultó ser un alto directivo del conglomerado petrolero de Odebrecht en Brasil, Paulo Roberto Costa, condenado a más de 20 años de cárcel por el juez Moro en la sentencia anteriormente mencionada.

También tuvieron dinero en Crèdit Andorrà, según las actas secretas del comité de prevención de blanqueo de BPA publicadas por numerosos medios de varios continentes (empezando por el periódico español El País, al que tampoco nadie ha investigado por las filtraciones), los padres del ex-ministro de la presidencia de Panamá, Jimmy Papadimitriu. En éste punto cabe recordar la reciente presencia en Andorra de la fiscal general de Panamá, Kenia Porcell, para investigar casos relacionados con Odebrecht con políticos presuntamente corruptos que tuvieran sus cuentas en entidades andorranas. Dicha fiscal general panameña no deja de estar bajo la influencia de fuertes críticas en su país.

Asimismo, el pasado mes de mayo, estalló en Perú (nuevamente como consecuencia de la filtración de informes de la policía andorrana y del sumario Odebrecht en Andorra, que nadie ha investigado) un nuevo escándalo: el ex-gobernador del Cusco, Jorge Acurio Tito, fué encarcelado como presunto perceptor de sobornos de Odebrecht cobrados a través de una sociedad llamada Wircel, con una cuenta abierta en Crèdit Andorrà.

Probablemente haya más casos, pero todo parece indicar que la empresa Odebrecht, a través de su departamento de operaciones estructuradas, ideó una serie de estratagemas para “engañar deliberadamente” a las entidades financieras  (más de 20) de países on-shore y off-shore, para poder llevar a cabo su política de crecimiento empresarial usando para ello la palanca de los sobornos a políticos para obtener concursos de obra pública.

No dudo que el fiscal general Alberca va a iniciar investigaciones tanto respecto de la actuación de Crèdit Andorrà (engañada por Odebrecht en éste caso, al igual que BPA), como respecto de las filtraciones que han sufrido las actas de los comités de prevención de blanqueo de BPA, así como los informes de la policía andorrana, etc…(pues no hacerlo significaría omisión de su deber como ministerio público).

De la misma forma, al facilitar ésta información a sus colegas sudamericanos, el fiscal general podrá anotarse “el tanto” referido al inicio, reforzando la colaboración entre países afectados, obteniendo con toda seguridad a cambio, información de la operativa de Odebrecht descubierta por Ministerios Fiscales de otros países y realizada a través de DIVERSAS entidades andorranas, aunque de momento sólo figure localmente investigación sobre BPA.

Sin duda la vara de medir de la Justicia (la pintan con la vista tapada y con la balanza equilibrada para representar su imparcialidad) debe ser la misma para todas las entidades financieras usadas engañosamente por Odebrecht para conseguir sus fines. De momento no me consta que en ninguno de los países en los que ocurrió esto se esté persiguiendo a los representantes de dichas entidades financieras engañadas. Se está persiguiendo a los que corrompieron y a los corrompidos (que parece ser lo lógico y correcto).

Concretamente Estados Unidos, Brasil, Suiza y Panamá han obtenido de Odebrecht acuerdos para ser indemnizados con sumas multimillonarias por haber utilizado su sistema bancario para fines delictivos. Andorra está persiguiendo a los representantes de uno de los bancos engañados usados para pagar sobornos, aunque como he indicado antes, espero asistir en breve a la inclusión de los representantes de otras entidades en la investigación.  ¿No sería mejor perseguir a los que usaron maliciosamente (como han confesado, para obtener rebaja de sus penas judiciales) a diversas entidades de nuestro sistema financiero en vez de perseguir a los representantes engañados de dichas entidades?

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